La enmienda introducida en la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información exige al Gobierno presentar una normativa que zanje de una vez por todas la situación de alegalidad de los operadores en la red. El texto se regiría por los principios generales del derecho comunitario, arbitrando un mercado en igualdad de condiciones para las empresas explotadoras y con un elevado nivel de protección para el usuario.
El Estado concentrará competencias cuando la actividad abarque todo el territorio nacional o a más de una comunidad autónoma, que es el caso de todo el juego por internet. La futura ordenación también debe recoger un apartado para la fiscalidad, con tributaciones ajustadas a este ámbito empresarial.
El funcionamiento de las webs sólo será posible con la posesión de permisos para tal fin, sancionando a las firmas que carezcan del mismo amparándose en la legislación de represión del contrabando.
La Comisión de Economía y Hacienda del Senado ya pidió esto mismo al Gobierno por unanimidad, a propuesta de CiU, hace más de un mes. La moción recordaba que, a pesar de la aceptación e implantación de estas actividades en el mercado español, en España el sector de apuestas online se rige bajo una normativa estatal que no ofrece un marco satisfactorio para el sector y que, además, no es coherente con el derecho comunitario.
Aquella moción recordaba que en otros estados miembros de la Unión Europea, como por ejemplo Italia, Reino Unido o Alemania, ya se están desarrollando normativas para amparar la realidad en los respectivos mercados. En el caso de España, la moción aprobada por unanimidad por la Comisión de Economía y Hacienda del Senado, solicitó un marco regulatorio estatal que garantice una protección coherente, que cumpla las directrices establecidas en este campo a nivel comunitario y que impida una compartimentación del mercado español.
Noticia publicada originalmente en Diario de Apuestas