El juego online genera 350 millones de euros anuales en España. Pero, como es una actividad alegal, el dinero se esfuma.
La Generalitat se ha cansado de esperar la prometida regulación del sector por parte del Gobierno central y hoy dará luz verde a su propio proyecto de ley, que fija los requisitos mínimos para los operadores del juego en Internet.
Las empresas que operen en Cataluña deberán tener un sistema que identifique al jugador y que permita saber, por ejemplo, durante cuánto tiempo ha jugado.
La Ley de Juegos y Apuestas elaborada por el Departamento de Interior -que hoy aprueba el Consell Executiu- sustituye la de 1984, se "había quedado obsoleta", según la directora general del Juego y Espectáculos, Mercè Claramunt. El nuevo texto obligará a las empresas a disponer de una sede social en Cataluña, aunque sus efectos son limitados: afecta solo a los operadores que "se destinen principalmente a clientes de Cataluña" y a los apostadores que residan en esta comunidad. Interior admite las limitaciones: Internet no tiene fronteras y la regulación por comunidades autónomas no es la idónea, coincide el sector.
Por primera vez, la ley regula la publicidad y exige a las empresas que comuniquen previamente la difusión de anuncios de juegos y apuestas. El proyecto prohíbe incitar al juego "compulsivo", promoverlo mediante obsequios o consumiciones gratis y dirigir la publicidad a menores. El proyecto de ley prevé la creación de la Comisión del Juego de Cataluña, un órgano consultivo en el que estarán representados todos los actores del sector. La ley, además, obligará a la Generalitat a "fomentar una política integral del juego responsable" para disminuir los efectos de la ludopatía.